
Viajar de Cancún a Isla Mujeres debería ser una experiencia sencilla, eficiente y segura. Sin embargo, para miles de ciudadanos, trabajadores y turistas, se ha convertido en un ejercicio de paciencia, resignación y abuso. La razón tiene nombre y apellido: el monopolio que ejerce la empresa naviera Ultramar en esta ruta.
Los usuarios lo saben y lo viven a diario. Horarios que no se respetan, cruces cancelados a última hora sin explicación clara, boletos vendidos por encima de la capacidad real de las embarcaciones y personas obligadas a viajar de pie, como si se tratara de transporte improvisado y no de un servicio marítimo regulado. Todo esto ocurre ante la mirada pasiva —cuando no cómplice— de las autoridades correspondientes.
El problema no es únicamente la empresa, sino el contexto que la protege. Cuando no existe competencia real, el usuario queda indefenso. Ultramar decide cuándo sale, cuándo no, cuántos pasajeros aborda y bajo qué condiciones. Y aunque el discurso oficial habla de seguridad y calidad, la realidad contradice cualquier narrativa de excelencia.
Más grave aún es el silencio institucional. ¿Dónde está la Capitanía de Puerto? ¿Dónde están las dependencias federales y estatales encargadas de regular el transporte marítimo? ¿Quién supervisa que se respeten los horarios, los cupos y las condiciones mínimas de seguridad? La omisión también es una forma de responsabilidad.
Isla Mujeres no es un destino menor. Es hogar de miles de personas que dependen de esta ruta para trabajar, estudiar, atender su salud y vivir. Tratar el cruce como un privilegio y no como un derecho básico de movilidad es una falta de respeto a la comunidad y al turismo que sostiene gran parte de la economía local.
No se trata de atacar a una empresa por atacar. Se trata de exigir reglas claras, supervisión real y competencia justa. Porque cuando un monopolio opera sin consecuencias, el servicio se degrada, el abuso se normaliza y el ciudadano paga el precio.
La pregunta ya no es si Ultramar puede hacerlo mejor. La pregunta es: ¿hasta cuándo las autoridades permitirán que no lo haga?