En un estado como Quintana Roo, donde las familias ya enfrentan un costo de vida elevado, la empresa concesionaria Aguakán parece haber encontrado el negocio perfecto: cobrar tarifas desproporcionadas por un servicio esencial como el agua potable. La información publicada recientemente sobre las tarifas oficiales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) pone en evidencia una disparidad que raya en lo escandaloso.
Para empezar, el esquema tarifario para los primeros 10 metros cúbicos (incluso si no se ocupa el servicio o si se encuentra suspendido) es de 184.76 pesos. Por un consumo considerado «normal» de entre 11 y 20 metros cúbicos, las familias deben desembolsar 214.70 pesos. Y si alguien se atreve a superar este límite, la penalización es de 22.70 pesos por cada metro cúbico adicional. Sin embargo, la realidad en los recibos de muchas familias quintanarroenses es muy distinta. Aguakán ha venido cobrando un consumo mínimo de 280 pesos, una cifra que supera lo estipulado por la CAPA y que se aplica indiscriminadamente, incluso a quienes apenas consumen agua.
Lo más alarmante no es solo el sobrecosto, sino la actitud de la empresa ante las quejas. Cualquier intento de reclamación en las oficinas de Aguakán es recibido con una respuesta estándar: «Esa es la tarifa mínima». Una frase que se ha convertido en una muralla impenetrable para los consumidores. La pregunta que surge de inmediato es: ¿quién protege a Aguakán?
La falta de transparencia en los cobros y el desdén hacia las quejas de los usuarios son sólo la punta del iceberg. En un sistema que parece estar diseñado para favorecer los intereses de la concesionaria, los consumidores quedan a merced de prácticas que podrían calificarse de abusivas. Este abuso se traduce en ingresos millonarios para Aguakán cada mes, un capital suficiente no solo para sostenerse, sino para «callar» a quienes intentan desenmascarar su modus operandi.
La responsabilidad también recae en las autoridades. Es inadmisible que la CAPA emita tarifas oficiales que luego no se reflejan en la práctica. La complicidad, ya sea por omisión o por acción, no solo perpetúa el abuso, sino que también pone en entredicho la capacidad del gobierno estatal para proteger a sus ciudadanos.
Quintana Roo necesita un cambio radical en la gestión del agua potable. Aguakán debe rendir cuentas y ajustar sus tarifas a lo que realmente corresponde, y las autoridades deben dejar de mirar hacia otro lado. Este servicio esencial no puede seguir siendo un lujo inaccesible para muchas familias. Es hora de que los ciudadanos alcen la voz y exijan un servicio justo y transparente. Porque el agua es un derecho, no un privilegio.
