Roberto Borge Angulo, el exgobernador de Quintana Roo que pasó de ser el mandatario priista más joven del estado a convertirse en símbolo de la corrupción en el Caribe mexicano, estaría a punto de recuperar su libertad. Tras permanecer casi nueve años encarcelado —primero en Panamá y luego en México—, diversas fuentes señalan que el exfuncionario habría ganado el juicio por lavado de dinero que enfrentaba como parte de las dos carpetas de investigación en su contra. En consecuencia, habría obtenido la medida cautelar de prisión domiciliaria, lo que le permitiría continuar su proceso fuera del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) ubicado en Ayala, Morelos.
La noticia, aunque no confirmada oficialmente, ha generado todo tipo de reacciones. Borge Angulo, quien gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016 bajo las siglas del PRI-PVEM-PANAL, fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México en enero de 2018. En su contra pesaban acusaciones graves: peculado, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre los señalamientos más relevantes están la venta de predios del estado a precios subvaluados y contratos irregulares vinculados con la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VipSaesa). En octubre de 2025, un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos incluso lo reclasificó de cómplice a «líder criminal» por el delito de uso de recursos ilícitos, al haber enajenado 22 inmuebles con un daño al patrimonio público superior a los 900 millones de pesos .
Sin embargo, su presunta liberación no significa el fin de sus problemas judiciales. La otra carpeta de investigación que enfrenta sigue abierta, y apenas el pasado 14 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó el embargo de cuatro propiedades del exgobernador —tres en Cozumel y una en Playa del Carmen— por un adeudo fiscal de 3 millones 897 mil 506 pesos en impuestos federales no pagados correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 . Además, se mantiene vigente una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Quintana Roo, que lo acusa de un quebranto patrimonial al estado por más de 3 mil millones de pesos. Hasta el cierre de esta edición, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni las autoridades penitenciarias federales han emitido una postura oficial sobre su presunta liberación o cambio de medida cautelar.
