Por Johana Acosta
Hay reformas que surgen del cálculo político y otras que parten de una convicción. La propuesta electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum se ubica en esta segunda categoría.
Durante años, el sistema electoral mexicano creció en estructura, costos y procedimientos hasta convertirse en uno de los más complejos y costosos a nivel mundial. Sin embargo, mientras más sofisticado se volvía, más distante parecía para la ciudadanía.
La iniciativa no busca debilitar la democracia, sino fortalecerla y acercarla nuevamente a la gente. Plantea mantener la Cámara de Diputados con 500 integrantes electos por voto directo, y un Senado conformado por 96 escaños. El objetivo es dar mayor claridad a la representación y coherencia al mandato popular.
En el aspecto financiero, la propuesta contempla una reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones. Esto implicaría revisar salarios, eliminar duplicidades entre órganos electorales, ajustar el número de regidurías según la población y optimizar el gasto legislativo. La premisa es que la democracia no pierde calidad cuando es austera, sino cuando resulta excesivamente costosa.
Uno de los ejes centrales es la fiscalización. Se propone que el Instituto Nacional Electoral tenga acceso oportuno a operaciones financieras, prohibir aportaciones en efectivo y fortalecer la supervisión mediante herramientas tecnológicas, con el fin de cerrar espacios a la opacidad.
Asimismo, la reforma contempla regular el uso de inteligencia artificial y prohibir bots en procesos electorales, ante la creciente influencia de herramientas digitales en la conversación pública.
También se plantea que los cómputos distritales inicien al concluir la jornada electoral para reducir incertidumbre, así como ampliar los mecanismos de democracia participativa en estados y municipios, incluyendo el voto electrónico en consultas ciudadanas.
Entre las disposiciones de fondo destacan la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y la eliminación de la reelección consecutiva a partir de 2030.
El debate es inevitable. Las reformas electorales suelen generar resistencias porque inciden directamente en la estructura del poder político. No obstante, la discusión de fondo debe centrarse en si el sistema responde mejor a la ciudadanía.
En este contexto, el partido Morena en Quintana Roo manifestó su respaldo a la propuesta impulsada por la presidenta Sheinbaum, al considerar que fortalece la representación popular, promueve la austeridad y moderniza los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana.
Desde la dirigencia estatal se ha señalado que la reforma atiende una demanda histórica de simplificar el sistema electoral, hacerlo menos costoso y más cercano a la población, dentro de una visión orientada a consolidar una democracia participativa, transparente y con reglas claras.
La democracia mexicana no atraviesa una crisis, pero sí un proceso de ajuste. Y ajustar no significa debilitar, sino reconocer que el país ha cambiado y que sus instituciones deben evolucionar con él.
