Mientras en otros estados las reformas electorales se cocinan a fuego lento, Quintana Roo ya le dio el sí al cambio. La XVIII Legislatura local aprobó una reforma constitucional y legal que armoniza las reglas electorales del estado con las transformaciones impulsadas desde la Federación por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo: que las instituciones no solo funcionen, sino que funcionen bien, con reglas claras, certeza jurídica y un sistema que ponga a la ciudadanía en el centro. ¿Lo más llamativo? Se blindan por ley la no reelección y el combate al nepotismo, dos temas que hasta hace poco eran letra muerta en muchas latitudes.
La reforma no solo toca lo prohibido, también construye lo nuevo. Por un lado, regula las consultas populares como mecanismo real de participación ciudadana y actualiza los métodos de asignación de curules bajo el principio de representación proporcional. Pero ojo: el equilibrio es clave. La iniciativa cuida que todas las fuerzas políticas mantengan una representación justa tanto en el Congreso estatal como en los ayuntamientos, para que ningún color ni sigla se coma la voz de la gente. Además, se refuerza la separación entre funciones ejecutivas y deliberativas, con un guiño directo a la transparencia.
El paquete también mete temas que duelen pero hacen falta: austeridad e igualdad sustantiva en todos los cargos públicos. La idea es clara: lo que se ahorre con ajustes responsables se va a obras de infraestructura para la población. Y ojo, porque el Congreso subrayó algo que suele quedar en la letra chica: los derechos laborales de los trabajadores del Poder Legislativo quedan protegidos por ley ante cualquier ajuste presupuestal. Con esta movida, Quintana Roo no solo acompaña a la Federación, sino que se planta firme en la ruta de una democracia más cierta, más cercana y, sobre todo, más justa.
