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Nueva plataforma digital fortalece la Alerta Inmobiliaria en Quintana Roo

En un esfuerzo por combatir los despojos y fraudes inmobiliarios, el estado de Quintana Roo ha anunciado la digitalización de su plataforma de Alerta Inmobiliaria. Esta iniciativa busca perfeccionar un sistema existente, que anteriormente operaba de manera manual, para alertar a los propietarios sobre posibles movimientos fraudulentos o ilegales relacionados con sus propiedades.

La Alerta Inmobiliaria, respaldada por cambios recientes en la ley del Registro Público, permitirá a los propietarios recibir notificaciones en tiempo real a través de sus dispositivos móviles y correos electrónicos cada vez que haya una acción registrada en el folio inmobiliario.

Cristina Torres, secretaria del Gobierno del Estado, explicó que este innovador sistema ayudará a prevenir la falsificación de escrituras procedentes de otros estados, un problema que ha afectado a muchos propietarios en la historia del estado.

«Como el Registro Público no tiene mecanismos para verificar la autenticidad de un documento, hemos detectado casos de falsificación de escrituras. Con este sistema, cualquier movimiento, desde certificados de libertad de gravamen hasta embargos, generará una notificación tan pronto como se registre en ventanilla», afirmó Torres.

La nueva plataforma permitirá a los propietarios actuar rápidamente en caso de irregularidades. Además, se destacó que el sistema ya está en funcionamiento de manera manual y se llevará a cabo un simulacro con notarios, sociedad civil, propietarios y desarrolladores para asegurar su eficacia antes de su implementación completa.

«Este viernes realizaremos un simulacro. Si todo funciona según lo previsto, la Alerta Inmobiliaria estará al 100 por ciento operativa de manera digital a partir del lunes. Los recursos propios del Registro Público respaldan esta iniciativa, junto con un sistema de innovación que se implementó tras un proceso de licitación», aseguró Torres.

Con esta medida, Quintana Roo busca fortalecer la seguridad y protección de los propietarios frente a posibles fraudes inmobiliarios, proporcionando una herramienta ágil y eficiente para prevenir y abordar problemas legales en el sector.

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