En un hecho histórico para el país, el Senado de la República tomó protesta a los 881 juzgadores electos como parte de la reforma al Poder Judicial, consumando así el llamado “Plan C” impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El acto se realizó bajo fuerte resguardo de la Guardia Nacional y elementos de Seguridad Pública, marcando un nuevo comienzo en la estructura judicial mexicana. La ceremonia inició a las 20:40 horas y se prolongó hasta la madrugada, cuando la Mesa Directiva del Senado entregó las constancias a los nuevos funcionarios.
Durante la sesión solemne, nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindieron protesta, entre ellos Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García —quien asistió en silla de ruedas tras un accidente reciente— y Sara Irene Herrerías Guerra.
Asimismo, se integraron los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y las salas regionales correspondientes.
Críticas por irregularidades en el proceso
A pesar de la magnitud del evento, el proceso no estuvo exento de cuestionamientos. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, denunció la falta de legitimidad de origen y señaló al menos cuatro irregularidades graves en el mecanismo de elección. “La prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. México estará observando sus sentencias”, afirmó.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), pidió a los nuevos juzgadores actuar con independencia y dejar atrás “el concurso de popularidad”, subrayando que la justicia debe prevalecer por encima de intereses políticos o económicos.
