En un giro que pocos veían venir, Cancún vivió una sacudida política en el corazón del Cabildo: el intento de vender predios municipales frente a Playa Marlín —una de las joyas del Caribe mexicano— fue detenido en seco no por la oposición, sino por tres regidoras de Morena que rompieron filas con su propio bloque.

Sí, en un momento donde los discursos oficiales de la Cuarta Transformación apelan a la defensa del territorio, fue necesario que Miriam Morales Vázquez, Ivette Lorena Manjarrez Cardona y Silvana Guadalupe Córdova Uicab —todas de Morena— dijeran “no” para frenar una operación que, aunque envuelta en el ropaje de obras públicas, olía a interés privado.
Lo que debió ser una sesión de mero trámite se convirtió en una partida política de alto voltaje. Cinco horas de debate bastaron para dejar al descubierto fracturas internas, alianzas incómodas y una postura oficial tambaleante.
Pero hay algo que no cuadra: si el municipio de Benito Juárez es el que más recauda en todo el sureste —más incluso que Mérida—, ¿por qué recurrir a la venta de patrimonio público para financiar obras en Bonfil?
El pretexto no convence, y tampoco lo hace el silencio selectivo de quienes debieron alzar la voz.
Más revelador aún fue ver a regidores del PAN votando a favor, mientras la resistencia real se tejía entre el PRI, Movimiento Ciudadano y las tres morenistas disidentes.
En tiempos de pragmatismo extremo, las lealtades ya no se tejen con colores, sino con conveniencias.
El episodio evoca inevitablemente el intento fallido de 2018, cuando el mismo lote fue ofrecido en bandeja de plata a Ricardo Salinas Pliego, y cuya operación fue abortada gracias a la presión ciudadana.
¿Estamos frente a una secuela del mismo guion?
Por ahora, Playa Marlín respira, pero no canta victoria. La propuesta no ha sido archivada ni desechada, solo fue frenada momentáneamente por la falta de votos. Puede resucitar en cualquier momento, como un zombi legislativo impulsado por intereses inmobiliarios que ven en la arena pública una oportunidad de oro.
Este momento exige vigilancia social, periodismo crítico y memoria ciudadana. Porque, si algo nos enseñó el pasado reciente, es que las playas de Cancún no solo son territorio natural: también son campo de batalla político.
