El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servitur) en Cancún, Rafael Ortega Ramírez, expresó su preocupación por las afectaciones que podría traer la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, especialmente para las micro y pequeñas empresas, que representan el 98% del comercio formal en el país.
Durante su participación en el sexto y último foro nacional sobre esta reforma, Ortega destacó la importancia de que todos los sectores, gobierno, trabajadores y empresarios, puedan exponer sus posturas y dialogar con apertura sobre un tema que considera “delicado” y de gran impacto estructural para el país.
“No estamos en contra de que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida ni de que trabajen menos. Pero debe existir un equilibrio, porque la mayoría de las pequeñas empresas no puede absorber este cambio sin apoyo del gobierno”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula.
Según datos presentados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la reducción de la jornada sin ajustes compensatorios representaría una afectación económica de hasta 45 mil pesos mensuales por trabajador, al pagar tiempo completo por sólo 40 horas de trabajo.
Ortega explicó que esta carga extra sería difícil de sostener para pequeños comercios que ya operan con márgenes mínimos de utilidad y enfrentan una competencia creciente de cadenas comerciales, tiendas de conveniencia y supermercados que han invadido los barrios con sucursales tipo “tiendita”.
“Un negocio que no abre no vende, y si no vende no genera ingresos.
Para abrir necesitas trabajadores, y si estos solo pueden laborar 40 horas, necesitarás más empleados para cubrir turnos. Pero no hay dinero para eso”, añadió.
El dirigente señaló que uno de los puntos clave que impulsan desde la cámara es que los pagos extraordinarios derivados de la reforma sean absorbidos por el gobierno, a través de estímulos fiscales u otro tipo de compensaciones.
“Queremos que se comparta la carga. Que el gobierno apoye con quitas de impuestos para poder pagar más a los trabajadores sin llevar a la quiebra a los negocios”, subrayó.
En ese sentido, pidió al Congreso y a las autoridades federales considerar las condiciones reales del comercio en México, particularmente el informal, que según datos de la propia Canaco, representa más del 40% de las unidades económicas en Quintana Roo, y al que no se le aplican las mismas obligaciones.
“Parece que ser formal es un castigo. A la empresa formal se le exige todo, mientras que la informalidad opera sin regulación, sin pago de impuestos y hasta colgándose de la luz. Hay negocios informales con decenas de puestos en calles y camellones, mucho más grandes que los formales”, denunció.
También alertó sobre el aumento en el cierre de empresas en Cancún, y compartió una cifra preocupante: más de 500 negocios han cerrado en lo que va de 2025, igualando ya el total de cierres registrados durante todo el 2024.
La mayoría de estas unidades eran micronegocios con menos de 10 empleados, que no lograron sostenerse ante la baja de ventas, el aumento de insumos, la competencia desleal y la carga regulatoria.
“El Inegi indica que el 80% de los micro y pequeños negocios no supera los dos años de vida. Muchos cierran y vuelven a abrir con otro giro, porque es lo único que saben hacer. Pero la mortandad es brutal”, señaló.
Además de los factores económicos, Ortega reconoció que la falta de capacitación y planeación empresarial también juega un papel en el cierre de comercios, por lo que llamó a los emprendedores a acercarse a las cámaras, capacitarse y profesionalizar sus operaciones..
