Anahí González presenta reforma para que continúen el desarrollo de estrategias y los programas en favor de indígenas y afromexicanos

Con el propósito de dar continuidad a la nueva perspectiva gubernamental de la Cuarta Transformación, centrada en fortalecer y reconocer a las comunidades indígenas en México, la legisladora Anahí González de Quintana Roo propuso una reforma para incluir explícitamente en la Ley General de Desarrollo Social la priorización y consideración social de los programas destinados a personas pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicanos.

La iniciativa responde a la necesidad de atender a los sectores históricamente marginados, especialmente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Los Pueblos Indígenas, como pobladores originales del territorio, han preservado sus culturas, idiomas, artes y formas tradicionales de organización a lo largo del tiempo.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que persisten desafíos significativos, como la discriminación, el difícil acceso a la justicia, la violencia social, la inseguridad y la dispersión geográfica que complican la provisión de servicios esenciales como salud, educación e infraestructura.

Anahí González destaca la presencia predominante de pueblos originarios mayas en su territorio y reconoce que la diversidad étnica en México contribuye a la identidad nacional, la cultura y la rica biodiversidad. En este contexto, aboga por establecer de manera explícita y prioritaria en la ley los asuntos que afectan a los pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de identificar y abordar las condiciones desiguales en sus entornos, tanto a nivel federal como estatal.

La legisladora enfatiza la importancia de supervisar la evolución de las políticas de atención a estos grupos para que el gobierno pueda continuar desarrollando estrategias y programas efectivos. Reconoce la existencia de políticas robustas de atención a comunidades indígenas a nivel nacional, pero considera necesario fortalecer la inclusión de los actores principales de origen indígena en la legislación federal, otorgándoles estatus de interés prioritario y derechos de interés público en las acciones de inclusión de las administraciones en turno.