Por Kim Sue Wong Hernández, FMX Multimedios
Cancún, Quintana Roo — Las declaraciones de Jorge Ayuso, director de Transporte Terrestre Estatal (TTE) del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, sobre el uso de “fierros viejos” para mover a 7 millones de pasajeros en Cancún, no son una simple queja logística. Son la punta del iceberg de un sistema podrido por décadas de concesiones irregulares, corrupción política y la sombra del crimen organizado que hoy pone en riesgo a usuarios y trabajadores.
La crisis de las «combis fantasma»: entre el abandono y la ilegalidad
Ayuso admitió lo que los cancunenses ya saben: las unidades de la TTE son inseguras, obsoletas y costosas de mantener. Pero omitió explicar cómo un sindicato que genera 691 millones de pesos anuales —según documentos internos— no invierte en renovar su flota. La respuesta está en su historia: desde los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge, las concesiones se entregaron como moneda de cambio a políticos, policías y familiares de funcionarios, no a profesionales del transporte. Ejemplo de ello son las 400 placas asignadas a empresas fantasma como TYA del Sureste o Urmat, vinculadas a exmandatarios.
El elefante en la habitación: narcotráfico y violencia
No es casualidad que las protestas contra los líderes del sindicato, como Michael Díaz, quien es el dirigente del gremio, no ha hecho hasta el momento nada por darle esa nueva cara al sindicato o al menos estar cercano a los ruleteros que son los que mueven a Cancún, que son esa cara que ve el turista o el local, así mismo coincidan con operativos de la Fiscalía que han descubierto drogas, armas y vínculos con homicidios en sus instalaciones. Taxistas honestos denuncian que las unidades se usan para «levantones», tráfico de drogas y extorsiones, un legado de la infiltración criminal durante el gobierno de Carlos Joaquín González.
Turismo vs. realidad: la doble cara de Quintana Roo
El estado recibe 10 mil millones de pesos en inversión federal para 2025, destinados a proyectos como el Tren Maya o el corredor Cancún-Costa Mujeres 3. Pero mientras se construyen libramientos viales, el transporte público —la columna vertebral de la movilidad local— se hunde en la precariedad. La paradoja es cruel: Cancún vende seguridad a los turistas, pero sus calles son un campo de batalla donde taxistas legales e ilegales (como Uber) libran una guerra por sobrevivir, mientras las autoridades miran hacia otro lado 911.
¿Hasta cuándo?
Las «chatarras» de la TTE son un símbolo de un modelo agotado. Urge desmantelar las redes de corrupción que protegen a este sindicato, auditorías transparentes a sus finanzas, y un plan de renovación vehicular con participación ciudadana. Mientras tanto, cada viaje en esas combis no solo es un riesgo: es un recordatorio de que en Quintana Roo, el transporte público sigue secuestrado por los mismos que prometieron protegerlo.
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