En su primer día como presidente, Donald Trump declaró una «emergencia nacional» en la frontera con México, marcando el inicio de una política migratoria más estricta. Entre sus primeras acciones, revocó una directriz del gobierno de Biden que protegía escuelas, iglesias y hospitales como sitios donde no se realizarían detenciones migratorias. Ahora, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están autorizados a efectuar arrestos en estos lugares, bajo el argumento de capturar a «criminales extranjeros» supuestamente ocultos en ellos. Además, Trump firmó órdenes ejecutivas que incluyen militarizar la frontera, prohibir la entrada de migrantes irregulares y acelerar las deportaciones, justificando estas medidas como esenciales para defender la soberanía del país.
La decisión de eliminar los llamados «sitios protegidos» ha generado preocupaciones por su impacto en comunidades vulnerables, ya que estas áreas ofrecían acceso seguro a servicios esenciales como educación, salud y apoyo espiritual. Mientras tanto, la declaración de emergencia nacional busca facilitar el uso de fuerzas armadas para reforzar la frontera y permitir deportaciones inmediatas. Estas medidas marcan un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos, enfocándose en cumplir con la promesa de deportaciones masivas y mayor control fronterizo.
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