El Gobierno del Estado reafirmó este jueves su decisión de emprender acciones legales en contra de la concesionaria de agua potable Aguakan, tras detectar graves irregularidades sanitarias, operativas y ambientales que ponen en riesgo a la población. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, destacó que el litigio busca resolver un «prolongado hartazgo social» por cobros indebidos, servicios deficientes y daños al medio ambiente.
Irregularidades sanitarias y concesión ilegal: los ejes del litigio
Cristina Torres, acompañada del consejero jurídico Carlos Fuentes, el director de CAPA Hugo Garza Sáenz, y la titular de la Secretaría Anticorrupción, Reyna Arceo, detalló que las auditorías técnicas y financieras realizadas desde el inicio de la administración estatal evidenciaron:
- Prórroga ilícita de la concesión (extendida sin facultades legales en 2014 hasta 2053).
- Contaminantes en el agua por encima de los límites permitidos en normas oficiales mexicanas, con riesgos directos para la salud pública.
- Cobros excesivos y falta de transparencia en el manejo financiero.
La funcionaria subrayó que la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluye la ampliación irregular de la concesión, presuntamente otorgada a cambio de 1,055 millones de pesos. «No hay margen para negociaciones encubiertas. La única reunión con Aguakan fue a petición de ellos, con la supervisión de abogados estatales y municipales», aclaró.
Impacto ambiental y social: un llamado a la justicia
El director de CAPA, Hugo Garza, alertó que los problemas en la infraestructura de Aguakan han generado fugas recurrentes y contaminación de mantos acuíferos, agravando la crisis hídrica en la región. Por su parte, Reyna Arceo enfatizó que el caso será un precedente en la lucha contra la corrupción en concesiones públicas.
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