En una solicitud sin precedentes, Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, ha pedido a la XVIII Legislatura un aumento de más de mil millones de pesos en el presupuesto 2025, lo que representa un incremento del 88% respecto al monto asignado en 2024. Este pedido surge en el marco de una estrategia ambiciosa que busca solventar uno de los problemas históricos de la fiscalía: la falta de personal y recursos para operar de manera eficiente. Sin embargo, esta solicitud también ha planteado dudas, y la pregunta clave es: ¿realmente está dando resultados?
Desde que asumió el cargo, López Salazar ha implementado cambios importantes, como la creación de tres fiscalías y 20 fiscalías especializadas, reemplazando estructuras de poder obsoletas. Él mismo asegura que estos cambios han tenido un impacto positivo en la confianza ciudadana, con un aumento del 6% anual en la denuncia de delitos, lo cual, en teoría, reflejaría la credibilidad creciente de la fiscalía. No obstante, la atención se centra en el hecho de que el 98% del presupuesto actual se destina exclusivamente a la nómina, dejando casi nulos recursos para fortalecer la infraestructura o adquirir nuevas tecnologías.
En este contexto, la petición de un presupuesto “más robusto” parece estar justificada si se considera la intención de mejorar las condiciones para empleados y ciudadanos. Además, las cifras de López sobre detenciones y judicializaciones podrían respaldar su argumento de que se están alcanzando las metas de la fiscalía. Sin embargo, el silencio de López Salazar sobre temas críticos como las recientes ejecuciones y los reclamos de las madres buscadoras genera dudas. Las cifras son importantes, pero el contexto y el compromiso con la transparencia resultan aún más esenciales.
La cuestión de fondo, entonces, es si la ampliación presupuestal podrá traducirse en resultados tangibles y en una mejor atención para los ciudadanos, o si simplemente se tratará de un aumento para sostener una burocracia cada vez más costosa. Sin rendición de cuentas clara, el reto que enfrenta López Salazar va más allá de lo económico; implica demostrar que estos cambios van en beneficio real de la justicia en Quintana Roo.
