Gobierno de Quintana Roo urge al magisterio priorizar educación tras casi tres semanas de paro por reforma al ISSSTE

El gobierno de Quintana Roo hizo un llamado al magisterio estatal para privilegiar el derecho a la educación de los alumnos y retomar las clases, tras casi tres semanas de paro indefinido en protesta contra la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE. Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, reconoció el derecho de los docentes a manifestarse, pero subrayó la urgencia de evitar más afectaciones a los estudiantes: “Seguiré insistiendo en que ponderemos la educación de nuestros niños, quienes necesitan a sus profesores en las aulas”. Aunque la reforma fue inicialmente congelada y luego retirada —al ser de ámbito federal—, la funcionaria pidió confiar en las instancias correspondientes.

Reforma retirada, pero conflicto vigente
Torres Gómez reiteró que el Ejecutivo estatal respeta las movilizaciones realizadas por el magisterio en el último mes, pero enfatizó que “sí se puede defender un derecho sin lacerar el otro”. Argumentó que existen mecanismos legales y formas de protesta alternativas que no impliquen suspender las clases, especialmente para alumnos en etapas críticas: “Desde quienes aprenden a leer hasta los próximos a ingresar a universidades necesitan ese refuerzo académico”. La secretaria recordó que el gobierno estatal ha buscado siempre defender los intereses de los docentes, pero insistió en que el diálogo debe coexistir con la garantía educativa.

Balance entre protesta y responsabilidad social
La titular de política interna del estado destacó que, si bien la lucha por los derechos laborales es legítima, esta no debe opacar la responsabilidad social hacia los estudiantes. “Los profesores son insustituibles en la formación de las nuevas generaciones; su ausencia impacta en el futuro de Quintana Roo”, afirmó. Aunque no se especificaron plazos para resolver el conflicto, Torres Gómez confió en que el magisterio reflexionará sobre las consecuencias del paro prolongado. Mientras tanto, el gobierno mantendrá canales abiertos para atender demandas, sin descuidar su compromiso con más de 300 mil alumnos afectados por la suspensión de clases.